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Comisión de Apoyo por Tierra

Publicado en BRECHA el 27/01/2006

LA UNIÓN POR LA CAÑA

EL GOBIERNO PROPONE UN COMPROMISO NACIONAL

 

El gobierno plantea a los peludos la firma de un compromiso en apoyo a la nueva política sucroalcoholera. Se abre ahora una instancia de diálogo entre las partes, mientras continúa la incertidumbre sobre la situación en el campo ocupado en Bella Unión.

 

Fabián Werner

 

La ocupación del predio de 36 hectáreas en la Colonia España llegará el domingo a las dos semanas, y parece lejos de resolverse en el corto plazo. En los últimos días comenzaron a desfilar por el juzgado penal los ocupantes del predio, a raíz de la denuncia por usurpación presentada por el colono Conrado Villalba, pero las expectativas de los peludos están cifradas en la audiencia que se producirá el 11 de febrero, en el marco de la demanda que el Instituto Nacional de Colonización (INC) presentó contra el arrendatario para recuperar el terreno. A partir de allí la historia será otra y las posibilidades de hacer uso de la tierra ocupada serán más grandes.

Mientras tanto, los cañeros evalúan que deben enfrentar “mil peleas al mismo tiempo”, aunque visualizan principalmente tres grandes frentes. El primero tiene que ver con la tierra ocupada y la forma de mantener las condiciones del campamento en Bella Unión (donde ya fueron removidas 20 de las 36 hectáreas con vistas a la siembra de otoño). El segundo está relacionado con la campaña lanzada por el gobierno para defender su política sucroalcoholera, con Alcoholes del Uruguay (ALUR) como buque insignia. El tercero es la visualización de que el gobierno carece de una política de tierras que garantice un cambio en las actuales condiciones de tenencia y explotación de las mismas.

En estos dos últimos frentes, los peludos piensan que la lucha será larga, y su objetivo es incidir en la discusión para cambiar las condiciones a las que han estado sometidos durante años. Una oportunidad para ello es el debate que se iniciará en los próximos días con la presentación por parte del gobierno de un documento borrador para alcanzar un compromiso nacional que garantice la rentabilidad del cultivo de la caña de azúcar en el norte del país, así como la estabilidad de los puestos de trabajo relacionados. El texto entregado esta semana a los cañeros y al PIT-CNT recoge los lineamientos principales del programa de gobierno de la izquierda y las ideas planteadas por el presidente Tabaré Vázquez en su discurso del 1 de marzo de 2005.

En líneas generales, el texto fija como objetivos de su política sucroalcoholera la sustitución de la importación de petróleo por alcohol carburante nacional, y la de azúcar refinado importado por crudo importado y refinado en el país (mientras la producción de caña no sea suficiente y sin afectar la competitividad de la industria nacional elaboradora de alimentos). Además, busca evitar el incremento de los costos para los consumidores.

El principal instrumento de fomento de la producción será la aplicación de un nuevo marco regulatorio fijado por decreto, que tendrá como aspecto principal una tasa global arancelaria del 35 por ciento para la importación de azúcar refinado y crudo. Sin embargo, también se fijan las condiciones para que los ministerios de Ganadería e Industria emitan certificados de necesidad que exoneren el pago de ese arancel en dos casos: el de los ingenios que importen azúcar crudo para producir azúcar refinado (hasta cubrir el déficit en el consumo interno que no pueda ser provisto por la producción nacional), y el de las empresas que importen el azúcar refinado para su industrialización mientras los ingenios no puedan abastecerlas en igualdad de condiciones de precio y calidad.

El documento también anuncia la disponibilidad del dinero del Fondo de Reconversión que se encuentra sin distribuir (que se calcula en algo más de 2 millones de dólares) para el otorgamiento de créditos reembolsables mediante un convenio con el Banco República. Por primera vez “esta asistencia financiera será realizada en carácter de préstamo, o sea que los beneficiarios deberán devolverlo en la próxima cosecha”, aclara el texto. El gobierno destaca asimismo su decisión de avanzar en el aumento del área sembrada de caña de azúcar así como de generar fuentes de trabajo genuino y de calidad.

De las primeras lecturas realizadas por cañeros y dirigentes sindicales, surge la idea de que es necesario realizar varios agregados al texto para que se contemplen sus reivindicaciones. Para Luis Puig, secretario de Derechos Humanos de la central, el documento es apenas un “borrador de inicio” de las conversaciones, que será analizado primero por los trabajadores norteños y a partir de allí se iniciarán los contactos con el gobierno para alcanzar un acuerdo. Por lo pronto, Puig evaluó que es necesario avanzar en esta línea ya que es “un buen proyecto” y revela una voluntad diferente a la que había hasta el momento en el Ejecutivo. En cuanto a los contenidos de la propuesta, el sindicalista dijo a BRECHA que se trata de un planteo “muy básico, por lo que hay que darle más contenido” en relación con las reivindicaciones de los trabajadores.

Para Antonio Ramauro, abogado de los ocupantes de la Colonia España, también es necesario contemplar algunos aspectos que no se mencionan en el documento, como los mecanismos que se aplicarán para alcanzar las 10 mil hectáreas de plantación de caña de azúcar o las condiciones salariales de los cortadores que sólo tienen trabajo en los dos meses de la zafra. Por otro lado, si bien la idea que se manejó inicialmente era que se alcanzara un acuerdo y se firmara el compromiso la semana próxima (el texto del borrador tiene al pie la fecha 31 de enero), lo más probable, dijo Ramauro, es que la discusión se extienda, dada la intención de las organizaciones sociales de Bella Unión de realizar aportes al texto.

Seguramente en el marco de esa discusión se escuchen algunas de las posturas discutidas en el seno de las tres gremiales que participan en la ocupación en Bella Unión y que tienen una visión crítica de la política planteada por el gobierno en la materia. Entre los aspectos cuestionados está la posición del ministro José Mujica, partidario de generar primero la riqueza para luego empezar a analizar la forma de repartirla. Para los peludos, eso descarta la posibilidad de reclamar por la tierra en los próximos años y reproduce las actuales formas de trabajo en el campo.

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